El expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, quien ocupó el cargo hasta noviembre pasado, se encuentra bajo investigación judicial por el uso de fondos públicos para un viaje personal a Madrid. El desplazamiento, realizado entre el 26 y 27 de junio de 2023, tuvo un coste de casi 2.000 euros, cubriendo vuelos y alojamiento para García y su jefa de gabinete, María del Mar González Zamora.
La Guardia Civil, a través de la UCO, documentó que el viaje carecía de justificación oficial, a pesar de que se intentó registrar como una actividad relacionada con la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias). Las pesquisas revelaron que García no asistió a ninguna reunión ni tuvo compromisos oficiales en la capital durante su estancia. La secretaria del expresidente, Rocío, fue quien, siguiendo instrucciones, preguntó si debía consignar el motivo como FEMP, a lo que García respondió afirmativamente.
¿Ponemos FEMP [Federación Española de Municipios y Provincias]?”, le preguntó su secretaria. “Claro”, replicó García.
El auto judicial, adelantado por El País, detalla que el viaje, con un coste de 1.892,84 euros, fue aprobado por Fernando Giménez, exvicepresidente de la Diputación y también imputado en la causa principal. La UCO, que tenía el teléfono de García intervenido, siguió sus movimientos en Madrid, constatando que el propósito del viaje era personal, específicamente para un asunto de su jefa de gabinete.
Durante su estancia en Madrid, García no visitó la sede de la FEMP ni participó en ningún acto oficial. En cambio, la investigación de la UCO documenta que el expresidente dedicó el tiempo a actividades de ocio, como pasear por Fuencarral, visitar El Corte Inglés y cenar en un restaurante de lujo, con una factura de casi 400 euros. La factura del viaje, emitida a la Diputación de Almería por Viajes Vertical, desglosa 662 euros por cada vuelo y 282 euros por cada habitación de hotel.
Esta nueva investigación se suma a una causa principal en la que García ya estaba siendo investigado por presuntas comisiones ilegales en contratos de material sanitario durante la pandemia y adjudicaciones irregulares de obras públicas. En esta trama principal, se investigan delitos como cohecho, blanqueo de capitales, fraude en la contratación pública y malversación de caudales públicos. El nexo común en estas subtramas es Óscar Liria, exvicepresidente de la Diputación, quien supuestamente percibía las comisiones. García, quien fue presidente del PP de Almería y de la Diputación, dimitió el 21 de noviembre tras ser detenido.
