El Ministerio Público solicita para el acusado una pena de ocho años de prisión por delitos continuados de amenazas y calumnias, además de un delito de obstrucción a la justicia. A esta petición se suma una multa de 38 meses, con una cuota diaria de diez euros, por delitos continuados de injurias y quebrantamiento de condena con agravante de reincidencia.
La Fiscalía también ha solicitado medidas accesorias, como órdenes de alejamiento e incomunicación respecto a las víctimas, y la prohibición de publicar contenidos relacionados con los perjudicados en TikTok durante 15 años. En el ámbito civil, se pide una indemnización cercana a los 30.000 euros para las víctimas por los daños causados.
El acusado, con cuatro sentencias condenatorias previas y varios procedimientos judiciales en curso, publicó aproximadamente 120 vídeos entre el 18 de octubre de 2024 y el 7 de marzo de 2025. Estos contenidos, de elaboración propia, incluían expresiones amenazantes, insultos y acusaciones graves contra autoridades judiciales, agentes de la Guardia Civil de Garrucha y Vera, y una mujer con la que mantuvo una relación sentimental esporádica.
La Fiscalía argumenta que el procesado utilizó la red social tras salir de prisión provisional en uno de sus casos, con la intención de intimidar a las personas implicadas en el procedimiento y dañar su reputación, siendo consciente del alcance de sus publicaciones. En los vídeos, el acusado señalaba a jueces y fiscales por sus nombres, acusándolos de dictar resoluciones contrarias a la ley, e incluso exhibía una pulsera de geolocalización mientras criticaba su situación judicial.
El tono de las publicaciones fue escalando, llegando a incluir amenazas explícitas de venganza e incluso de atentar contra un juez. La investigación se basa en un atestado de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Garrucha, que incluye el visionado y transcripción de los vídeos de TikTok, considerados clave para la acusación.
El abogado Miguel Martínez, representante de la mujer afectada, solicita penas que suman varios años de prisión por delitos como amenazas, calumnias, atentado contra la autoridad, obstrucción a la justicia, quebrantamiento de condena y un delito contra la integridad moral, además de una indemnización de 70.000 euros por daños morales. La defensa, por su parte, pide la libre absolución, alegando que los hechos no constituyen delito y cuestionando la autenticidad de los vídeos.
