García, quien también fue presidente del PP de Almería, ha evitado responder preguntas de los medios tras su comparecencia en la Ciudad de la Justicia. Su abogado, Joaquín Monterreal, ha explicado que su cliente ya declaró en noviembre de 2025 y que la defensa está a la espera de nuevos informes de la Guardia Civil sobre registros y dispositivos tecnológicos intervenidos.
En su anterior declaración, García se centró en explicar el origen del dinero en efectivo que utilizaba, manifestando que lo ingresaba a través de alquileres familiares gestionados por su hermana y que dichos ingresos estaban declarados ante Hacienda. El letrado insistió en que la decisión de no declarar ahora no implica que su cliente tenga "algo que ocultar".
“"En aquel momento se dio cumplida explicación, y ahora, cuando llegue lo nuevo, si hubiera algo nuevo, pues obviamente declararemos."
En la misma línea, dos hermanos investigados del expresidente, un funcionario del Área de Fomento y un empresario implicado también se han acogido a su derecho a no declarar, concluyendo así la ronda de comparecencias iniciada el 4 de junio.
Por su parte, el abogado de la acusación popular del PSOE, Javier Salvador, lamentó la "falta de colaboración" de la mayoría de los investigados, pero destacó el "enorme peso" de la ronda de interrogatorios para perfilar la supuesta trama y la distribución de roles. Señaló que los pocos que declararon permitieron "formalizar de alguna forma ese mapa de las personas que estaban, el qué hacían y el cómo actuaban".
La acusación considera que la organización criminal operaba a través de "pequeñas taifas" con "jefecillos locales" y que, incluso dos días después de declararse la pandemia, pensaron en la "oportunidad de negocio" que se abría con la adquisición de material sanitario. El abogado José María Terrés añadió que la "cantidad enorme de documentación" recogida en la investigación "hablará por sí misma".
En su primera comparecencia, García no pudo dar una respuesta concreta sobre mensajes de WhatsApp con lenguaje críptico sobre supuestas "mordidas" intercambiados con los vicepresidentes Giménez y Liria. Un mensaje de García al grupo 'Naranjito' incluía el emoji de una muela, minutos después de firmar un decreto de más de dos millones de euros para material sanitario, contrato que la UCO estima tuvo un sobrecoste del 42,27%.
El expresidente atribuyó la firma de miles de contratos a la "cotidianeidad" de su tarea, asegurando que pasaban por filtros y controles sin su participación directa en las mesas de contratación. No obstante, no hizo referencia específica al contrato de mascarillas, guantes y equipos de protección individual, de gran cuantía al inicio de la pandemia.
García también intentó esclarecer el uso de dinero en efectivo, que manejaba con dos hermanos investigados, ante indicios de blanqueo de capitales. Señaló que el efectivo provenía de alquileres familiares heredados de sus padres en Balanegra, cuyos pagos en mano estaban declarados ante Hacienda. Calculó haber cobrado entre 160.000 y 180.000 euros desde 2016.
Detalló que su hermana gestionaba los cobros y disponía de los fondos de un "bote" común para reparaciones y otras necesidades. En la vivienda de su hermana se encontraron 7.620 euros en una caja fuerte con una nota indicando que el dinero era de Javier Aureliano. Frente a sospechas de uso de dinero irregular para pagar una vivienda heredada en Almerimar, aseguró que los pagos se hicieron con efectivo de alquileres, por lo que no figuraban en cuentas bancarias.
Añadió que la hipoteca de esa vivienda quedó a nombre de su hermana tras fallecer sus padres porque el banco no permitió subrogarla, aunque él asumía las cuotas mensuales. Atribuyó también a ahorros de alquileres el uso de unos 20.000 euros para la compra de una finca en Rodalquilar.
