Decenas de personas se agolpan estos días en las puertas de servicios sociales, oficinas municipales y sedes de entidades en la provincia de Almería, buscando obtener el certificado de vulnerabilidad. Este documento es crucial para el proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno, que tiene como fecha límite el 30 de junio.
Según estimaciones del tercer sector, Almería alberga a unos 30.000 migrantes en situación irregular, la cifra más alta de Andalucía. Esta situación ha puesto al límite las estructuras ya sobrecargadas, con cada migrante necesitando este certificado y otros documentos en un plazo de apenas 70 días.
“"Ha habido muchísima afluencia en las oficinas municipales. Se han visto colas muy largas, pero todo dentro de la normalidad."
El Ayuntamiento de Níjar, uno de los municipios con mayor población migrante, ha confirmado la gran afluencia, una situación que se repite en otras localidades como El Ejido, Roquetas de Mar y la capital. La introducción de este certificado, a petición del Consejo de Estado, no estaba prevista inicialmente por la plataforma Regularización Ya!, que consideraba que la falta de papeles ya implicaba una situación de vulnerabilidad.
La dirección de una de las organizaciones que tramita estos certificados en la provincia, ha calificado el requisito como “el gran tapón”, admitiendo que la avalancha de solicitudes les ha desbordado. La intervención profesional mínima requerida para cada solicitud, que incluye entrevista y apertura de expediente, consume entre cinco y diez minutos por persona, haciendo inviable asumir el volumen potencial de decenas de miles de personas.
“"No somos capaces de darle la respuesta que deberíamos. Le hemos generado una necesidad a la que no están encontrando respuesta."
La concentración de la capacidad de tramitación en pocas entidades, como Almería Acoge y Cepaim, agrava el problema. Esta situación no solo genera malestar entre los vecinos por la concentración de personas, sino que también ha propiciado la aparición de prácticas irregulares y un “mercadeo” en torno a un certificado que debería ser gratuito, según ha denunciado un migrante con más de 30 años de residencia en España.
El Consejo General del Trabajo Social (CGTS) ya había advertido sobre el impacto de este proceso en los servicios sociales, especialmente en zonas con alta concentración de población migrante como Almería. Los profesionales del sector alertan del riesgo de que su intervención se reduzca a la mera emisión de certificados, y reclaman refuerzos de personal y criterios homogéneos para evitar desigualdades territoriales.
