La petición se basa en una reciente resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que, según la compañía, legaliza las captaciones de agua existentes en la propiedad. Esta autorización permitiría mantener el volumen de extracción aprobado hasta la fecha, 605.000 metros cúbicos anuales, ahora distribuido a través de los diez pozos investigados.
Eurotécnica sostiene que la resolución de la CHG convalida el sistema de riego de la finca Aljobar, acreditando que no genera daño grave al dominio público hidráulico. La empresa insiste en que, desde el inicio de la instrucción, ha mantenido que jamás se ha superado el volumen máximo autorizado para el riego, argumentando que no se ha producido perjuicio al dominio público hidráulico ni al medio ambiente.
La defensa argumenta que, al no rebasar los caudales autorizados, no hay relevancia penal. Señalan que el acuífero utilizado se encuentra en buen estado y que todo el sistema de captación responde a las características técnicas aprobadas, afirmando que nunca se superó el volumen máximo autorizado.
“"Esta resolución convalida el sistema de riego existente en la finca y acredita que el mismo -en caso contrario no se autorizaría-, no genera daño grave alguno al dominio público hidráulico."
Ecologistas en Acción, personada como acusación popular, ha expresado sorpresa ante la resolución de la CHG, criticando que la administración que debe velar por el interés general en la gestión del agua haya contribuido a que los supuestos delitos queden en nada, especialmente por emitirse antes de que concluyan las diligencias judiciales.
En el marco de la investigación, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, nieto de la duquesa de Alba, compareció como investigado el pasado 20 de febrero de 2025. Señaló que el proceso de regularización de los pozos se inició a raíz de la denuncia de la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, confirmando las gestiones administrativas para solventar la situación.
La investigación judicial se enmarca en la problemática del uso del agua en el entorno de Doñana, zona declarada Patrimonio de la Humanidad, enfrentando tensiones entre conservación y actividades económicas como la agricultura intensiva. Las diligencias se iniciaron tras una denuncia de la CHG sobre captaciones sin autorización administrativa.
