La propuesta, que contó con el respaldo del PP y Vox, la abstención del PSOE y el voto en contra de Con Andalucía, destaca la necesidad de una solución estructural a los recurrentes problemas hídricos de la zona, que incluyen tanto inundaciones como prolongados periodos de sequía.
Según la moción, la presa de Cerro Blanco permitiría una regulación efectiva de los caudales del río Grande, disminuyendo el riesgo de avenidas y aumentando significativamente la capacidad de almacenamiento de agua. Esto aseguraría el suministro tanto para el consumo humano como para las actividades agrícolas y ganaderas de la región.
La ejecución de la presa de Cerro Blanco supondría un “avance decisivo” en la seguridad hídrica de la provincia de Málaga, al tiempo que reforzaría la protección de la población, las infraestructuras y el tejido económico del Guadalhorce.
El acuerdo aprobado insta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a priorizar este proyecto, estableciendo un cronograma claro con plazos definidos y la financiación necesaria. Se enfatiza que el desarrollo de la presa debe realizarse con un estricto respeto a la normativa medioambiental y a la conservación de los ecosistemas fluviales.
Además, la iniciativa busca garantizar el abastecimiento de agua a los municipios del área de influencia y mantener el suministro a las explotaciones agrarias que dependen del río Grande, contribuyendo así a la sostenibilidad del sector primario y al equilibrio territorial de la provincia de Málaga.
