El nuevo apartado 3 del artículo 255 del Código Penal establece que la defraudación de fluido eléctrico, cuando se cometa para abastecer instalaciones destinadas al cultivo, elaboración o tráfico de drogas, conllevará una pena de prisión de seis a dieciocho meses o multa de doce a veinticuatro meses. Esta modificación forma parte de la reciente aprobación de la ley orgánica de multirreincidencia.
Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla han señalado que esta reforma proporciona una herramienta penal eficaz para abordar el fenómeno de las plantaciones indoor de marihuana, que requieren un consumo masivo de electricidad y suelen alimentarse mediante enganches ilegales. La combinación de este delito con el de cultivo de drogas permitirá que las penas superen los dos años de prisión, abriendo la puerta al cumplimiento efectivo en centros penitenciarios.
Desde su nombramiento, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano Rodero, ha mostrado preocupación por el problema de los cultivos de marihuana en diversos barrios de la capital y municipios de la provincia. Esta actividad ilegal no solo genera inseguridad, sino que también provoca un grave deterioro de la convivencia y riesgos para la seguridad y la salud pública, con incendios, sobrecargas eléctricas y apagones derivados del aumento de las plantaciones de cannabis.
“"La eficacia policial se veía debilitada por dos factores, las dificultades jurídicas para autorizar registros al tratarse de delitos con penas bajas y la limitada entidad de las condenas, que rara vez conllevaban ingresos en prisión de los condenados."
Los subdelegados del Gobierno de Sevilla y Granada, las dos provincias andaluzas más afectadas por el fraude eléctrico asociado al cultivo de marihuana, trasladaron estos problemas a la Cámara Alta. A partir de este impulso, el portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Juan Espadas, junto al senador por Granada, José Entrena, incorporaron la enmienda que ha sido aprobada definitivamente en el Congreso.
Esta reforma, que entró en vigor el pasado viernes 10 de abril tras su publicación en el BOE el jueves 9, dota a las instituciones de una herramienta penal reforzada para combatir un fenómeno delictivo de gran impacto social. La actuación de la Subdelegación de Sevilla ha sido determinante para situar esta cuestión en el centro del debate legislativo y canalizar la preocupación de los barrios de la capital andaluza hacia una solución concreta y efectiva.
