La junta de jueces madrileños ha expresado su apoyo al magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha sido objeto de "ataques profesionales y personales" y un "cuestionamiento permanente de su labor jurisdiccional y de su independencia judicial" en relación con la investigación contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Esta postura contrasta con la del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se limitó a solicitar respeto a la separación de poderes.
Los magistrados de Madrid han señalado directamente al ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, acusándolo de "socavar la confianza de los ciudadanos en los jueces" al no respetar la independencia judicial y la separación de poderes. En un breve comunicado, los jueces rechazaron las "descalificaciones" provenientes de miembros del Ejecutivo contra el titular del juzgado número 41 de Madrid.
Seguiremos desempeñando nuestra función constitucional, como integrantes del Poder Judicial, y de servicio público a los ciudadanos.
El origen de estas críticas radica en el reciente auto del magistrado Peinado, que concluye la instrucción contra la esposa de Pedro Sánchez y la acerca al banquillo por cuatro presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. El delito de intrusismo profesional, relacionado con la gestión de un software para la cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid, fue retirado para enviar la causa a un tribunal del jurado.
La resolución se hizo pública durante un viaje oficial del presidente del Gobierno a China, al que asistía su esposa. A pesar de las críticas de asociaciones de jueces y la oposición, que consideran sus palabras un atentado contra la separación de poderes, el ministro Bolaños defendió sus comentarios, amparándose en la libertad de expresión. Afirmó que su opinión es "muy compartida por una amplísima parte de la sociedad y también de la carrera judicial" y expresó su "confianza absoluta" en que un tribunal superior pueda revocar las decisiones de Peinado si son contrarias al ordenamiento jurídico.
