Este procedimiento, habitual en el ámbito civil, busca una resolución amistosa entre las partes antes de que el conflicto escale a los tribunales. La confirmación de esta fecha ha sido proporcionada por fuentes jurídicas.
El origen de la disputa se remonta al 13 de enero, cuando María Jesús Montero, durante un evento del PSOE, afirmó que Landaluce había sido «condenado, denunciado e investigado» por un delito de violencia de género. El regidor de Algeciras considera estas declaraciones como falsas, lo que motivó a su defensa a iniciar una demanda de conciliación.
“"Condenado, denunciado e investigado."
En la demanda presentada, el abogado de Landaluce exige a la exministra de Hacienda una rectificación pública de sus palabras, el cese de futuras manifestaciones similares y una indemnización de 200.000 euros por los daños y perjuicios ocasionados.
La demanda también hace referencia a declaraciones posteriores de Montero, en las que, según la defensa de Landaluce, habría reiterado la existencia de una denuncia sin especificar que fue interpuesta por militantes del PSOE basándose en publicaciones del eurodiputado Alvise Pérez en redes sociales, y que la Fiscalía del Tribunal Supremo archivó el caso el 9 de enero.
Para el acto de conciliación, que se llevará a cabo justo antes de las elecciones andaluzas, la ley permite que las partes estén representadas por sus abogados o procuradores, sin necesidad de comparecer personalmente.
Cabe recordar que Landaluce ya había presentado una demanda contra la portavoz del PSOE, Rocío Arrabal, por declaraciones públicas sobre su presunta implicación en un caso de abusos sexuales contra dos concejalas de Algeciras. Sin embargo, el TSJA desestimó esa causa, y el regidor optó entonces por acciones civiles para proteger su honor.
