La implementación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Málaga, que entró en vigor en diciembre de 2025, ha desatado una nueva controversia política. El grupo municipal Con Málaga ha revelado que la Policía Local ha remitido a Gestrisam 11.712 denuncias por infracciones relacionadas con la ZBE en solo dos meses, lo que ha impulsado su propuesta de suspender el régimen sancionador.
Según los datos policiales recabados por el grupo, se registraron 6.213 denuncias entre el 1 y el 28 de diciembre de 2025, y otras 5.499 entre el 29 de diciembre de 2025 y el 1 de febrero de 2026. La Policía aclara que su función es denunciar, mientras que Gestrisam es el organismo encargado de iniciar los procedimientos sancionadores y aplicar las multas.
“"La Policía Local ha remitido a Gestrisam 11.712 denuncias relativas a infracciones vinculadas a la zona de bajas emisiones. El equipo de gobierno está más preocupado por el afán recaudatorio que por la movilidad sostenible en la ciudad."
La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha criticado la gestión del Ayuntamiento, argumentando que se ha priorizado la sanción sobre la provisión de alternativas de movilidad. La moción que presentará Con Málaga en la comisión del 20 de abril busca modificar la ordenanza, ampliar el periodo transitorio y suspender las multas hasta que existan soluciones de transporte público y aparcamientos disuasorios adecuados.
Entre las propuestas de la moción se incluye una moratoria del régimen sancionador hasta que se ejecuten las más de 5.000 plazas de aparcamientos disuasorios comprometidas, se refuerce el transporte público y se habiliten medidas alternativas de movilidad. También se propone extender el acceso para vehículos con etiqueta B hasta el 1 de enero de 2029, para vehículos sin etiqueta hasta el 1 de enero de 2028, y para vehículos de transporte de mercancías N1 hasta 2031.
La coalición de izquierdas también solicita excluir el campus universitario de El Ejido del perímetro de la ZBE y añadir nuevos supuestos de vehículos autorizados, como los de personas con movilidad reducida o vehículos domiciliados fiscalmente en Málaga. Desde CCOO, Trinidad Salcedo ha respaldado la iniciativa, destacando el impacto negativo en trabajadores que se desplazan a la capital sin alternativas de transporte suficientes.
