Este proyecto, considerado la mayor obra hidráulica de la provincia de Málaga, busca tratar las aguas residuales de Torremolinos, Cártama, Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre y una parte de la capital. La Junta de Andalucía insiste en su ubicación en la Vega de Mestanza, a pesar de la oposición vecinal y un revés judicial previo.
El conflicto escaló al Tribunal Supremo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) emitiera una sentencia contundente que anulaba el proyecto y ordenaba la paralización de las obras, que apenas habían comenzado. El Gobierno andaluz presentó un recurso el pasado 10 de septiembre, y ahora el Supremo debe decidir si lo admite a trámite y, en su caso, si lo estima.
“"Nunca se puede asegurar nada, y menos en la Justicia, pero confío mucho en el Supremo. El 90% de los casos no pasan ese primer filtro."
Según Marcelino Abraira, abogado que representa a los vecinos de la asociación de Mestanza y Lomas de Cantarranas, no se espera una respuesta del Supremo hasta después del verano, posiblemente en septiembre u octubre. Abraira se muestra confiado en que el tribunal no admitirá el recurso de la Junta, argumentando que la relevancia jurídica general del caso es “inexistente” y que la batalla por la Vega de Mestanza “está ya ganada”.
La Junta de Andalucía ha advertido repetidamente que sin esta depuradora, con una inversión de 105 millones de euros, las aguas residuales de los municipios mencionados y parte de Málaga capital, que afectan a una población cercana a los 250.000 habitantes, continúan vertiéndose sin tratar al río Guadalhorce y, consecuentemente, al mar. Anualmente, se vierten 5,9 hectómetros cúbicos de aguas residuales sin depurar, el equivalente a 1.750 piscinas olímpicas.
Esta situación conlleva una multa anual de casi 1,3 millones de euros (634.000 euros cada seis meses) impuesta por Europa debido al incumplimiento de la normativa de depuración de aguas. Desde la paralización de las obras en junio del año pasado, las multas acumuladas ya superan los 1,1 millones de euros.
La ubicación de la EDAR Norte en la Vega de Mestanza fue seleccionada en 2003. La Junta argumenta que cambiarla implicaría otros siete años de trámites. Sin embargo, los vecinos rechazan esta ubicación por considerar la Vega como la última de Málaga con “alto valor ecológico” y, además, una zona inundable, como ha demostrado el desbordamiento del Guadalhorce en varias ocasiones este invierno.
El abogado Abraira también ha expresado su preocupación por la reciente Ley 2/2026 de Gestión Ambiental de Andalucía, que, según él, “trata de suavizar los requisitos para la instalación de este tipo de infraestructuras”. Aunque espera que esta ley afecte solo a proyectos nuevos, advierte que si la Junta intenta usarla para reiniciar el proyecto, se encontrará nuevamente con la oposición de los vecinos.
