La decisión judicial, fechada el 18 de febrero de este año, desestima un recurso contencioso administrativo presentado por un particular y refuerza la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) impulsada por el consistorio. Esta medida busca evitar que los pisos vacacionales superen el 8% del total de viviendas en ciertos barrios de Málaga, además de respaldar la moratoria que impide la creación de nuevas viviendas turísticas.
El TSJA considera que los informes presentados por el Ayuntamiento son suficientes para justificar la restricción. Las razones esgrimidas incluyen la protección del derecho a la vivienda, la preservación de la función residencial de los barrios, la prevención de la saturación turística y la garantía de la convivencia vecinal. La sala subraya que, aunque las restricciones urbanísticas deben estar motivadas, no se requieren estudios científicos concluyentes, sino datos objetivos y una valoración razonada de la situación.
La situación de las viviendas de uso turístico, por su inserción en edificios residenciales y su impacto específico en la función residencial y la convivencia vecinal, es distinta de los establecimientos hoteleros, que cuentan con infraestructura y servicios propios.
La sentencia también aborda la distinción entre viviendas de uso turístico y hoteles, argumentando que su impacto es diferente debido a su integración en edificios residenciales. Asimismo, el fallo defiende que la regulación de los pisos vacacionales es necesaria para mantener el equilibrio entre el uso residencial y turístico, evitando la expulsión de residentes y la degradación de la vida comunitaria.
Desde agosto pasado, Málaga aplica una moratoria que prohíbe nuevas viviendas turísticas mientras se completa la modificación del PGOU. Esta medida responde a un crecimiento descontrolado que ha llevado el número de estos inmuebles a casi 13.000 en la capital, según datos del Registro de Turismo de Andalucía (RTA) de la Junta, con algunos barrios del centro superando el 80% del parque de viviendas.
