El diputado provincial de Con Málaga, Juan Márquez, presentará una iniciativa en la próxima Comisión Informativa Especial de Cuentas de la Diputación de Málaga para abordar lo que considera una situación alarmante. Según Márquez, el Gobierno andaluz ha restringido el acceso a esta información justo cuando las cifras revelan un aumento significativo en la demanda de vivienda.
“"Han echado el cerrojo a la información justo cuando los datos muestran que el problema se ha disparado, y es que en estos momentos hay más de 439.000 andaluces y andaluzas esperando una vivienda, es decir, cuando la realidad molesta, Juanma Moreno no actúa, sino que la esconde."
Márquez ha calificado esta acción como parte de un patrón de inacción y falta de cumplimiento por parte de la Junta. Ha señalado que el Gobierno andaluz no aplica la ley estatal de vivienda, no cumple la ley andaluza, no activa el registro de vivienda vacía y no destina los fondos de las fianzas a vivienda pública. Además, ha enfatizado que Andalucía dispone de recursos económicos sin precedentes para vivienda, pero solo ejecuta una fracción de ellos.
“"Estamos hablando de cientos de millones de euros sin ejecutar en plena emergencia habitacional. Cada euro que no se ejecuta es una vivienda que no se construye. Eso no es incapacidad, es modelo."
El representante de Con Málaga ha recordado que el presidente Juanma Moreno prometió la construcción de 40.000 viviendas, un compromiso que, según Márquez, no ha sido acreditado. Esta situación, ha dicho, representa un triple problema: incumplimiento de la ley, de las promesas electorales y ahora la ocultación de datos.
Ante esta problemática, Con Málaga ha exigido a la Junta de Andalucía transparencia, una ejecución efectiva de los recursos disponibles y la implementación de políticas públicas audaces. La formación insiste en que el derecho a la vivienda debe ser garantizado por el sector público y no depender exclusivamente del mercado.
Entre las demandas específicas del grupo provincial se incluye el restablecimiento de la publicación del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, el cumplimiento de la normativa autonómica, el desarrollo del Registro de Viviendas Deshabitadas y la movilización de viviendas vacías. También solicitan la ejecución íntegra de los fondos estatales y europeos para vivienda, el aumento de la financiación propia, el cumplimiento de los compromisos electorales y la asignación legal del 70% (ampliable al 90%) de las liquidaciones de fianzas a políticas públicas de vivienda, con el objetivo de movilizar 690 millones de euros para hasta 35.000 viviendas.
