La operación, denominada Minority Report, culminó con la detención de trece individuos, once hombres y dos mujeres, de los cuales nueve contaban con antecedentes penales. Uno de los cabecillas de la trama ya se encuentra en prisión. La investigación reveló que la red operaba con una estructura bien definida, donde cada miembro tenía un rol específico.
El punto de partida de la estafa era una tienda de telefonía móvil en una gran superficie de Granada. Una empleada del establecimiento aprovechaba su posición para obtener copias de los documentos de identidad de futuros afectados. Con esta información, otros integrantes de la organización adquirían tarjetas SIM de prepago, que luego usaban para solicitar créditos al consumo en entidades financieras especializadas en préstamos rápidos.
Los fondos obtenidos se destinaban a la compra de una amplia gama de productos, como teléfonos móviles, tabletas, consolas, patinetes eléctricos de alta gama, ordenadores, televisores e incluso una minimotocicleta. Un miembro de la banda, que trabajaba en una empresa de reparto de paquetería, desviaba los envíos a direcciones controladas por la organización. Este método de 'lavado de identidad en cadena' permitía a los estafadores adquirir bienes sin levantar sospechas, ya que los créditos se firmaban con plazos de vencimiento de uno a dos años, lo que retrasaba la detección del fraude por parte de las víctimas. De hecho, la Policía Nacional estima que el 95% de los afectados desconocía ser víctima de una estafa.
La organización criminal utilizaba dichos préstamos para adquirir todo tipo de productos como teléfonos móviles, tables, consolas, patinetes eléctricos de alta gama, ordenadores, televisiones o incluso una mini motocicleta.
Con el tiempo, la red amplió sus actividades fraudulentas a los tratamientos estéticos, utilizando los créditos para financiar injertos capilares, implantes, tratamientos de rejuvenecimiento facial y mamoplastias. Los productos adquiridos eran posteriormente vendidos a precios inferiores en el mercado para obtener dinero en efectivo y blanquearlo. La organización buscaba establecimientos con condiciones de financiación laxas, explotándolos hasta que estos modificaban sus políticas.
La investigación se inició en septiembre pasado, cuando un ciudadano alertó a las autoridades tras serle denegado un crédito por aparecer en una lista de morosos, a pesar de no tener deudas ni haber perdido su DNI. La víctima recordó haber entregado su documento en la tienda de telefonía mencionada. A raíz de esta declaración y de otras denuncias similares, la Policía Nacional realizó dos registros domiciliarios, donde incautó los objetos adquiridos fraudulentamente, 260 plantas de marihuana, 250 tarjetas SIM de prepago y varios documentos de identidad.
Tras la detención de uno de los principales investigados, se intervinieron dos teléfonos móviles con más de mil fotografías de documentos de identidad, 150 imágenes de tarjetas bancarias de terceros y cerca de 300 capturas de pedidos online. La investigación sigue abierta, y no se descarta el descubrimiento de nuevas víctimas. La intervención policial ha sido crucial para que los más de 300 perjudicados puedan cancelar los créditos fraudulentos y evitar un perjuicio económico.
