La confrontación ocurrida el pasado jueves en la plaza de las Pasiegas de Granada, donde un grupo autodenominado Acción Antifascista intentó boicotear un acto de Vox, ha puesto de manifiesto la tensión política actual. Este incidente, que no contaba con la aprobación de la Subdelegación de Gobierno para la concentración, se suma a un contexto donde la ultraderecha busca consolidar su narrativa de victimización.
La situación en Extremadura, con el acuerdo entre el Partido Popular y Vox, es un ejemplo de cómo la ultraderecha está ganando influencia en la política regional. La presidenta María Guardiola ha defendido esta alianza, argumentando que responde al "mandato de las urnas" tras el 60% de los votos obtenidos por ambas formaciones en las últimas elecciones autonómicas.
Este razonamiento, que justifica pactos por "necesidad", también se ha observado en la formación del "gobierno progresista" a nivel nacional, que ha requerido el apoyo de partidos como Junts. La política, a menudo, se mueve en una línea cínica donde las alianzas se justifican por conveniencia, más allá de la voluntad explícita de los votantes.
“"Y ahora vamos a avanzar por esa calle inmediatamente."
La izquierda, por su parte, parece alimentarse de la existencia de un "enemigo" claramente identificado, mientras disimula sus propias divisiones internas. En este escenario, la ultraderecha, con figuras como Santiago Abascal, utiliza estos incidentes para reforzar su discurso. Abascal, durante el mitin en Granada, desafió a los manifestantes contrarios, una estrategia que, según analistas, contribuye a movilizar a sus votantes y fidelizar a sus seguidores.
Las imágenes de los altercados sugieren una aparente permisividad que permitió agresiones físicas, lo que ha generado críticas sobre la gestión del orden público. Se ha exigido que la Subdelegación de Gobierno y el operativo policial asuman responsabilidades por no haber evitado la "bochornosa imagen" proyectada desde el centro de Granada.
