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La Policía Nacional investiga publicaciones en redes sociales tras la muerte por táser en Torremolinos

El Grupo de Delitos Cibernéticos de la Policía Nacional ha iniciado una investigación sobre cuentas que filtran datos de agentes, en medio de la controversia por el fallecimiento de un hombre durante…

Imagen genérica de luces de emergencia de la policía reflejadas en el asfalto mojado.
IA

Imagen genérica de luces de emergencia de la policía reflejadas en el asfalto mojado.

La Policía Nacional ha puesto en marcha una investigación a través de su Grupo de Delitos Cibernéticos para rastrear publicaciones en redes sociales que califican a los agentes de «asesinos» y difunden información personal, a raíz de la muerte de un hombre tras ser inmovilizado con una pistola táser en Torremolinos.

Esta medida surge después de que varios agentes denunciaran la filtración de sus datos y fotografías en línea, un acto que las autoridades advierten podría constituir un delito de odio. La investigación se produce en un contexto de creciente indignación pública por el fallecimiento de Haitam Mejri, un ciudadano marroquí de 35 años, durante su detención en una tienda de telefonía en Torremolinos el pasado mes de diciembre.
Imágenes impactantes que circularon en internet mostraban a Mejri, en un estado de agitación, siendo inmovilizado por dos agentes mientras un tercero le aplicaba descargas de táser en la espalda y el cuello en varias ocasiones. La versión policial inicial atribuyó la muerte a un fallo cardíaco provocado por el consumo de drogas y un «delirio agitado».

"Decir que uno 'muere' de un ataque al corazón mientras la policía lo inmoviliza es como decir que las mujeres 'mueren' a manos de su pareja mientras son golpeadas. No son muertes, son asesinatos, y esta violencia policial racista debe detenerse ahora."

Ione Belarra · Secretaria general de Podemos
Sin embargo, las críticas no tardaron en aparecer, con muchos argumentando que los agentes habían empleado una fuerza excesiva. El periodista independiente Fonsi Laiza afirmó que TikTok eliminó una de sus publicaciones donde calificaba la muerte de Mejri como un caso de «brutalidad policial».
La controversia se intensificó tras la detención y muerte de Mejri el 7 de diciembre. Las grabaciones de seguridad muestran a Mejri entrando en una tienda de telefonía en la Calle Hoyo en un estado de angustia, aparentemente buscando un cargador. Tras un altercado con el dependiente, Mejri colocó dos teléfonos en el mostrador y conectó uno para cargarlo. Minutos después, varios agentes entraron en el establecimiento.
Según las declaraciones de seis agentes implicados, Mejri se negó repetidamente a soltar unas tijeras que sostenía. Fue desarmado y, al no poder ser inmovilizado por dos agentes, otro utilizó una pistola táser a corta distancia. Se realizaron dos descargas adicionales antes de que cuatro agentes lograran esposarlo. La policía indicó que Mejri se encontraba en un estado de «agitación extrema» antes de colapsar, y ha solicitado que las imágenes de seguridad de la tienda se incluyan en el informe oficial.
A pesar de los esfuerzos de reanimación por parte de agentes y paramédicos, Mejri no pudo ser salvado. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal de Málaga, con el apoyo de pruebas toxicológicas en Sevilla, concluyó que la muerte se debió a una reacción a las drogas asociada a un delirio agitado, agravado por una afección cardíaca preexistente. No obstante, un informe independiente del experto forense Aitor Curiel, encargado por la familia, contradice esta conclusión, señalando 86 lesiones en el cuerpo de Mejri y argumentando que no habría fallecido sin las múltiples heridas sufridas durante la detención.
Para agravar la indignación de la familia de Mejri, ElDiario.es informó posteriormente que un juez archivó el caso sin entrevistar a los agentes implicados. La polémica también ha generado críticas políticas, como la de Ione Belarra, secretaria general del partido de izquierda Podemos, quien en una publicación en X (anteriormente Twitter) comparó la situación con la violencia machista. En respuesta, el sindicato policial SUP ha presentado una denuncia penal contra Belarra, acusándola de difamación, injurias graves y delitos de odio contra los agentes de policía.