El impacto social de este proyecto es innegable, ya que busca reforzar la eficacia del sistema judicial, mejorar la protección de las víctimas y garantizar la privacidad de los usuarios, ofreciendo mejores recursos tanto a la ciudadanía como a los profesionales.
Acuerdo para una nueva sede judicial en Torremolinos
La Diputación de Málaga y la Junta de Andalucía financiarán al 50% la construcción de un moderno complejo judicial en Torremolinos.
Por Manuel Cano Heredia
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Fachada de un ayuntamiento andaluz con balcón y barandillas de hierro, bajo la luz del sol de la tarde.
El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, y el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, han sellado un acuerdo para edificar una nueva sede judicial en Torremolinos, con el objetivo de centralizar los servicios y optimizar la atención ciudadana.
La futura infraestructura se ubicará en un terreno de más de 8.400 metros cuadrados, cedido por el Ayuntamiento de Torremolinos. Este proyecto busca agrupar todos los órganos y servicios judiciales en un único espacio, lo que facilitará una mejor organización y una atención más eficiente para los ciudadanos.
El Tribunal de Instancia de Torremolinos, que también atiende a Benalmádena, contará con una Sección Civil y otra de Instrucción, cada una con cinco plazas judiciales. Además, dispondrá de Servicios Comunes de Tramitación, General y de Ejecución, así como del Registro Civil, la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
El convenio establece que la Diputación y la Consejería de Justicia asumirán el coste de la obra a partes iguales. Ambas instituciones han resaltado la importancia de esta iniciativa para el funcionamiento del sistema judicial en la región. La titularidad del edificio se dividirá al 50% entre ambas administraciones, y la Diputación cederá a la Junta de Andalucía el uso de la parte no utilizada por un mínimo de 30 años, a cambio de un canon.
La formalización de este acuerdo se produce tras la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el pasado 30 de marzo, que autorizó a la Consejería de Justicia el expediente de gasto correspondiente a su 50% del coste total de la sede judicial.



