La posible apertura de un centro para menores extranjeros no acompañados en el polígono industrial de Antequera ha provocado una división de opiniones en el sector. Un grupo de empresarios ha formalizado su oposición ante el Ayuntamiento, mientras que la comunidad de propietarios busca mediar y ofrecer información clara a los afectados.

El 6 de abril de 2026, un colectivo de propietarios y empleados presentó un escrito al Ayuntamiento de Antequera manifestando su desacuerdo. Argumentan que el entorno industrial, con su tráfico de maquinaria pesada, es incompatible con un uso residencial para menores. Expresan inquietud por la seguridad ciudadana y la posible afectación a la imagen comercial de la zona, solicitando la paralización inmediata del proyecto y la elaboración de informes de impacto.

Frente a esta situación, José Antonio Barón, presidente de la comunidad de propietarios del polígono industrial de Antequera, ha destacado el rol de mediación de su entidad. La directiva mantiene contacto con la empresa concesionaria de la Junta de Andalucía, promotora del servicio, para comunicar los detalles de la iniciativa a los comuneros preocupados.

Barón ha enfatizado que la comunidad no se opone a actividades legales que los propietarios decidan realizar en sus naves, siempre que se enmarquen en la gestión de servicios públicos. La prioridad actual es "arrojar luz" sobre el proyecto y evitar la difusión de información no verificada que pueda generar más controversia en el polígono.

Este proyecto se enmarca en el plan de la Junta de Andalucía, aprobado en diciembre de 2025, que prevé la creación de 440 plazas de atención para menores migrantes en toda la región. Esta medida responde a los acuerdos de reparto del Gobierno central, según han confirmado fuentes oficiales de la Junta de Andalucía, quienes aseguran que "se está trabajando en ello".