Durante un prolongado periodo, los puertos de Algeciras y Tarifa, puntos estratégicos en el sur de Europa, se convirtieron en una vía principal para el narcotráfico. Esta situación fue posible gracias a la corrupción interna, donde un agente de la Guardia Civil, cuya función era precisamente garantizar la seguridad en los controles, se convirtió en una pieza clave para el tránsito de toneladas de estupefacientes.

El agente no actuaba en solitario, sino que había establecido una red de complicidades dentro de las instalaciones portuarias gaditanas. Varios efectivos hacían la vista gorda a cambio de compensaciones económicas. El condenado era el encargado de coordinar la operativa, recibir los pagos de la organización criminal y distribuirlos entre los demás implicados, además de proporcionar información sensible, como los turnos de servicio.

Este sistema permitía el paso de camiones cargados con cocaína, hachís y marihuana con una facilidad alarmante. La droga era distribuida tanto en España como en otros países de Europa, dentro de una estructura jerarquizada con un líder definido y una red de distribuidores que operaba con gran rapidez y eficacia. La investigación también ha revelado que Marbella era un enclave fundamental para la trama, donde se celebraban reuniones clave, se gestionaban inversiones y se cerraban acuerdos con intermediarios, consolidando la ciudad como un punto estratégico en la actividad delictiva.

Para blanquear el dinero obtenido de los sobornos, el agente utilizó a su hermana como testaferro. A nombre de ella se adquirió un inmueble que fue financiado con fondos ilícitos, mediante ingresos en efectivo para la compra, la hipoteca y diversas reformas. La Audiencia Nacional ha considerado probado que ambos introdujeron en el circuito legal importantes cantidades de dinero negro proveniente del narcotráfico, detallando una actividad sostenida durante años en la que el guardia civil percibió elevadas sumas por permitir el paso de los cargamentos.

La sentencia condena al principal acusado a cuatro años de prisión, mientras que su hermana deberá cumplir tres años. Además, el agente ha sido inhabilitado durante una década para cualquier empleo o cargo público. El tribunal también ha ordenado el decomiso de bienes adquiridos con dinero ilícito, incluyendo una vivienda y varios vehículos, que pasarán a manos del Estado.