La situación de la vivienda en Cádiz se complica para muchas familias, incluso para aquellas con una situación laboral sólida. Una pareja, inscrita como demandante de Procasa y con dos nóminas estables, ha expresado su frustración al tener que renunciar a una de las 29 VPO de nueva construcción en el barrio de Los Chinchorros. A pesar de llevar años en la lista de espera, las exigencias económicas iniciales hacen inviable la adquisición.
“"Las condiciones son inasumibles. Hemos hecho números y consultado a bancos y asesores, pero no hay forma de afrontar los pagos iniciales."
El precio total de la VPO asciende a 274.000 euros, una cifra que, aunque competitiva para el mercado libre, resulta problemática para una vivienda protegida. La principal dificultad radica en el desembolso inicial: 3.000 euros para la señal, seguidos de 30.000 euros en menos de quince días, y los 34.000 euros restantes distribuidos en 17 mensualidades de 2.200 euros cada una. Estos pagos, previos a la hipoteca, son considerados excesivos para la mayoría de las familias.
Además, la incertidumbre sobre la hipoteca añade otra capa de complejidad. Los bancos no garantizan condiciones hipotecarias con 17 meses de antelación, lo que implica un riesgo significativo de perder los ahorros invertidos si la financiación no se aprueba o las condiciones son desfavorables. Esta situación genera un "salto al vacío" para los compradores, quienes lamentan la falta de flexibilidad en las condiciones de compra ofrecidas por la promotora.
“"Después de esto, dan muchas ganas de contestarle a la Alcaldía cuando hablan de la campaña de empadronamiento o de que el censo de la ciudad no puede bajar de 100.000 habitantes. Es imposible tener una vivienda en Cádiz."
La familia subraya que esta problemática no es un caso aislado, sino que otros vecinos de Cádiz también están rechazando estas viviendas. La situación pone de manifiesto la dificultad de acceso a la vivienda en la ciudad, incluso para aquellos que cumplen con los requisitos de ingresos y están inscritos en el registro de demandantes de Procasa, lo que podría afectar el censo poblacional de la capital gaditana.
