Durante la sesión plenaria, el proyecto Sportech, que contempla un gran estadio multiusos para 40.000 espectadores en la Vega de los Pérez, volvió a ser objeto de debate. La formación VOX había interpuesto un recurso contra el rechazo de sus alegaciones al convenio suscrito entre el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y el Cádiz CF, el cual fue finalmente desestimado.
Ante la ausencia de la edil de Urbanismo, Danuxia Enciso, fue Jesús Garay quien defendió la postura del Gobierno. Explicó que el convenio aprobado tiene un carácter preparatorio y no constituye un instrumento urbanístico que permita la ejecución inmediata del proyecto, sino que facilita la planificación de una actuación estratégica para la ciudad. Se prevé la creación de una comisión de seguimiento y control para supervisar el cumplimiento de los compromisos.
“"Este convenio tiene naturaleza preparatoria y no estamos ante un instrumento urbanístico que permita por ahora la ejecución de ningún proyecto. Permite avanzar en la planificación de una actuación estratégica para la ciudad. Se ajusta plenamente al marco legal vigente, sin omitir las normativas estatales ni autonómicas."
La oposición manifestó su preocupación. José Luis Bueno Pinto, portavoz del Grupo Mixto (IU), expresó sus reticencias, sugiriendo que el proyecto podría beneficiar a intereses económicos particulares más que al desarrollo deportivo o urbano. Cuestionó la necesidad de un estadio de 40.000 espectadores para el Cádiz CF y advirtió sobre el historial de proyectos fallidos en la ciudad.
“"Hay un pelotazo con el que mucha gente va a ganar mucho dinero. Lo que menos hay es interés deportivo ni interés de desarrollo para la ciudad. Aquí se busca, y lo dice mucha gente que está más en las tripas del Cádiz CF de lo que puedo estar yo, es que cuanto más se sabe, peor pinta."
Por su parte, Javier Botella de Unión Portuense, criticó la falta de garantías y salvaguardas en el convenio, señalando que la revalorización de los suelos de la Vega de los Pérez ya es una realidad que podría propiciar la especulación. Aunque reconoció la legalidad técnica del acuerdo, lamentó la oportunidad perdida para asegurar mejor los intereses del municipio.
El momento de mayor tensión se produjo durante el enfrentamiento entre VOX y el alcalde Germán Beardo. José Antonio Gomila, de VOX, argumentó que si el convenio genera beneficios para terceros, el Ayuntamiento de El Puerto también debería obtener una contraprestación en caso de no ejecución del proyecto. Hizo referencia a una sentencia judicial relacionada con el Cádiz CF y a dudas de la CNMV sobre la empresa JP Financial, además de las pérdidas de Nomadar, filial tecnológica del club.
El alcalde Germán Beardo defendió el proyecto, asegurando que cuenta con informes jurídicos favorables a nivel estatal, autonómico y municipal. Criticó la postura de VOX, insinuando que sus argumentos podrían estar influenciados por terceros y destacando los beneficios que el proyecto traería a El Puerto de Santa María, comparándolo con otras inversiones exitosas en la ciudad.
Finalmente, el recurso de VOX fue rechazado con los votos a favor del Gobierno (PP), que ostenta la mayoría absoluta, frente a las abstenciones del PSOE y la edil no adscrita, y los votos en contra de VOX, Unión Portuense y el Grupo Mixto.
