La organización, a través de su representante legal, el abogado Antonio Benítez Ostos, ha solicitado una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades políticas y jurídicas. Documentos similares han sido registrados ante la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y el Defensor del Pueblo Andaluz, ampliando el alcance de las denuncias.
Fuentes de la asociación han confirmado que estos hechos serán trasladados al Tribunal de Instancia de Montoro, en Córdoba, que instruye la investigación del accidente. Se considera la posibilidad de una "responsabilidad patrimonial por un funcionamiento anormal de la Administración Pública" si se confirman las irregularidades.
El mal funcionamiento de comunicación con los servicios de emergencias también se produjo a nivel estatal.
El escrito se basa en un informe preliminar de la Guardia Civil que analiza las grabaciones de los operadores de emergencia, incluyendo el Centro de Emergencias 112 Andalucía y el Centro de Emergencias 112 Madrid. Este informe revela una confusión inicial significativa, con llamadas sobre el tren Alvia siendo malinterpretadas o confundidas con el tren Iryo.
Uno de los aspectos más críticos es que el personal del 061 en Córdoba tuvo que gestionar las llamadas "con papel y lápiz" y "con teléfonos particulares" debido al bloqueo del sistema informático y la falta de contacto con el 112. La asociación destaca que solo la experiencia de los profesionales evitó un caos mayor.
Solo la actuación de los profesionales, con muchísimos años de experiencia, hizo posible sacar adelante lo que desde el punto de vista técnico fue un caos.
La asociación subraya que estos problemas no son nuevos en el sistema andaluz, habiendo sido denunciados previamente sin obtener respuesta. Esta falta de atención a las advertencias previas sobre las deficiencias estructurales del sistema de emergencias cobra especial relevancia tras el incidente del 18 de enero.
El documento también señala el incumplimiento de protocolos básicos de comunicación, con fuentes cercanas al operativo de rescate asegurando que la información no fluyó correctamente entre la Agencia de Seguridad y Gestión de Emergencias de Andalucía (Asema) y el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Comandancia de Córdoba. Esto habría retrasado la transmisión de datos vitales sobre el número y estado de las víctimas.
La entidad sugiere que esta "gravísima falta de coordinación y asistencia inmediata" podría haber provocado un mayor número de víctimas y heridos de mayor gravedad, planteando la hipótesis de que "si los anteriores protocolos no hubiesen fallado, la magnitud de las consecuencias del siniestro hubiesen sido menores".
Las reclamaciones se fundamentan en el derecho constitucional a la protección de la salud (artículo 43) y el derecho fundamental a la vida (artículo 15). La asociación solicita una revisión inmediata del plan de actuación, la corrección urgente de las deficiencias del sistema y una investigación exhaustiva para depurar responsabilidades.
