El incidente tuvo lugar en la prisión de El Acebuche, en Almería, un día después de la visita del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, con motivo del 40 aniversario del centro. Un recluso se abalanzó sobre la maestra que imparte clases en uno de los módulos con la intención de agredirla.
La rápida reacción de la docente, que activó la alarma, y la intervención de los funcionarios, apoyados por otros internos, lograron frustrar el ataque. El agresor opuso una fuerte resistencia durante su reducción antes de ser aislado, según informó la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP).
“"Parece que hasta que no maten a uno de nosotros no se conseguirá."
La APFP ha reiterado su preocupación por la inseguridad que enfrentan los trabajadores penitenciarios, atribuyéndola a la falta de personal y a la carencia de formación específica para manejar situaciones de violencia extrema. El colectivo insiste en la necesidad de ser reconocidos legalmente como agentes de la autoridad y solicita la dotación de pistolas Taser para garantizar la seguridad del personal y de los internos en intervenciones de alto riesgo.
El centro penitenciario de El Acebuche se encuentra en una situación de saturación, albergando a 990 internos (65 mujeres y el resto hombres) cuando su capacidad real es de 600, lo que representa una tasa de hacinamiento del 150%, según datos de CCOO. Este hacinamiento es un factor clave en el aumento de la conflictividad y las agresiones al personal, con 11 agresiones registradas en 2025.
“"La falta de personal hace que el servicio público penitenciario esté muy tensionado y sea menos eficaz, con 372 empleados públicos en la prisión para cubrir todas las áreas de esta pequeña ciudad abierta las 24 horas de los siete días de la semana, es totalmente insuficiente, pues nos encontramos con una ratio de un funcionario por cada tres internos, cuando las ratios recomendadas por la Unión Europea están en uno por cada 1,5."
CCOO también ha señalado la dramática situación de la sanidad penitenciaria, que afecta el derecho fundamental a la asistencia sanitaria de la población reclusa, especialmente grave por el alto índice de patologías psiquiátricas sin la atención necesaria. La falta de soluciones a estos problemas de salud contribuye al aumento de la conflictividad.
Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Almería ha reclamado un refuerzo de la vigilancia en los módulos abiertos y ha expresado su preocupación por el incremento del 67% en la conflictividad de la prisión en los últimos dos años. Pepe Gallegos, responsable de CSIF en la Sección Sindical del Acebuche, ha advertido que no es viable abrir un nuevo módulo sin dotar de personal adecuado y reforzar la vigilancia, especialmente ante la próxima pérdida de una treintena de efectivos en los próximos meses.
