La Estrategia frente al Desafío Demográfico 2023-2030, presentada al Consejo de Gobierno, revela que 21 localidades han salido de la lista de actuación prioritaria, mientras que 11 han ingresado, resultando en un descenso neto de diez municipios en comparación con 2025. Esta iniciativa, impulsada por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, clasifica a los municipios andaluces basándose en nueve indicadores demográficos y socioeconómicos.

Entre los criterios evaluados se encuentran la densidad de población, el crecimiento demográfico, el envejecimiento, la tasa migratoria y el desempleo. En la provincia de Cádiz, ninguna localidad figura con prioridad alta, aunque siete están catalogadas con prioridad media y trece con prioridad baja, sumando un total de 20 municipios gaditanos que requieren atención preferente para contener la pérdida de habitantes.

Un caso notable es el de San Martín del Tesorillo, que ha dejado de ser considerado prioritario en la lucha contra la despoblación. Por otro lado, Trebujena se incorpora este año a la categoría de prioridad baja, al cumplir entre dos y tres de los criterios establecidos por la estrategia. A nivel regional, los municipios de prioridad alta (aquellos que cumplen siete o más de los nueve criterios) han disminuido de 78 a 73.

Los municipios de prioridad media (entre cuatro y seis indicadores) se mantienen en 221, mientras que los de prioridad baja (dos o tres criterios) se han reducido de 181 a 176. El número de municipios que no presentan un riesgo específico de despoblación ha experimentado un aumento, pasando de 149 a 159. Los once municipios andaluces que se incorporan este año al listado, todos con prioridad baja, incluyen Huécija y Tíjola (Almería); Trebujena (Cádiz); Santaella (Córdoba); Benalúa, Polopos y Ugíjar (Granada); La Iruela (Jaén); Totalán (Málaga); y Castilleja del Campo y Pedrera (Sevilla).

La estrategia de la Junta busca establecer un marco de actuación para combatir la pérdida de población en áreas rurales, implementando medidas que fomenten la permanencia de los habitantes, mejoren los servicios públicos y estimulen la actividad económica. La actualización anual de esta estrategia permite ajustar las prioridades territoriales en función de la evolución de los indicadores demográficos y socioeconómicos, que continúan mostrando diferencias significativas entre las zonas costeras y el interior de Andalucía.