Esta iniciativa busca la posible celebración de un juicio civil que permita la nulidad de causas penales, sentencias firmes y expedientes administrativos sancionadores dictados por instancias franquistas, los cuales aún se encuentran vigentes contra las víctimas.
Desde su inicio en 2021, el proyecto de la Universidad de Granada, denominado 'Barranco de Víznar. Lugar de Memoria', ha logrado localizar 29 fosas comunes en el paraje, de las cuales se han recuperado 194 cuerpos. De estos, 40 corresponden a mujeres y 150 a hombres.
El Laboratorio de Genética de la Universidad de Granada ha identificado 11 de estos cuerpos, y el proceso de identificación sigue activo, esperando nuevos resultados positivos. Paralelamente, la Fiscalía mantiene abiertas diligencias de investigación por posibles delitos de lesa humanidad, tras la exhumación de 49 cuerpos entre 2021 y 2022 en siete fosas.
Estos cuerpos, 24 mujeres y 25 hombres con edades entre 36 y 42 años, vestían ropa de la primera mitad del siglo XX y presentaban signos de muerte violenta, con evidencias de traumatismos por arma de fuego en casi todos los casos. La decisión de la Fiscalía se basó en la documentación proporcionada por el profesor Francisco Carrión, del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, responsable de los trabajos en el Barranco de Víznar.
Los estudios históricos, antropológicos y sociológicos realizados determinan que los restos podrían corresponder a víctimas de "desapariciones forzadas y asesinatos" cometidos en el contexto de la represión sufrida por la población granadina como consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura franquista.
En el decreto que inició la investigación, la Fiscalía señaló que los hechos podrían constituir indiciariamente delitos de homicidio, asesinato, detención ilegal y/o desaparición forzada, en el marco de crímenes contra la humanidad. La Fiscalía General del Estado designó a Montserrat Luque Molina como fiscal provincial delegada de Derechos Humanos y Memoria Democrática a mediados de 2025, lo que permite a Granada contar con una fiscal especializada para seguir directamente estos expedientes.
El objetivo principal es asegurar los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, pilares fundamentales de la Ley de Memoria Democrática, y facilitar un contacto más directo con las víctimas, asociaciones memorialistas y entidades competentes.
