La decisión se tomó tras una vista preliminar celebrada este miércoles, donde las partes implicadas no lograron alcanzar un acuerdo de conformidad que hubiera resuelto el caso de manera anticipada. Los hechos se produjeron alrededor de las 23:30 horas en la Plaza de Santa María de Cazorla, cuando la Policía Local solicitó apoyo para controlar a una persona en estado de alteración que portaba un arma blanca.
El acusado, un hombre de 42 años, asestó una puñalada inicial en el cuello al jefe policial, seguida de otras tres en la clavícula y la espalda, antes de huir a su domicilio en la Plaza de la Tejera. El agente herido fue trasladado de urgencia al Hospital de Úbeda, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Según el escrito de calificación de la Fiscalía, las lesiones habrían sido mortales sin la rápida actuación médica.
Tras atrincherarse en la azotea de su edificio y lanzar objetos a la vía pública, el agresor fue finalmente detenido por agentes de la Guardia Civil, quienes acordonaron la zona. El acusado fue hospitalizado para estabilización psiquiátrica y posteriormente ingresó en prisión, donde permanece a la espera del juicio.
Las lesiones hubieran causado la muerte del agente de no ser por la pronta intervención quirúrgica.
El Ministerio Fiscal califica los hechos como un delito de asesinato en grado de tentativa y otro de atentado, solicitando 14 años de internamiento en un centro adecuado a su trastorno psíquico, o alternativamente libertad vigilada por el mismo periodo. Además, pide una indemnización de 25.000 euros para la víctima y 700 euros para el Ayuntamiento por los daños al chaleco antibalas. La acusación particular eleva la petición a 15 años y tres meses de pena, con 30 años de destierro de Cazorla como medida accesoria.
La defensa, a cargo del abogado Bernardo Soriano, propone únicamente cinco años de libertad vigilada. Argumenta que el acusado sufría un brote psicótico grave en el momento de los hechos, lo que anuló sus capacidades cognitivas y volitivas, agravado por el consumo de drogas. Soriano destacó que el acusado no ha consumido sustancias ni ha protagonizado nuevos episodios violentos desde su ingreso en prisión, y que está arrepentido y dispuesto a indemnizar a la víctima con la venta de su vivienda. El letrado también señaló que la familia del acusado había intentado sin éxito su incapacitación judicial durante dos años, lográndose una curatela para su hermana solo después del suceso.
En la vista preliminar, la defensa solicitó la libertad condicional del acusado, una petición que fue rechazada por todas las partes y por el tribunal. Además, el acusado se niega a seguir el tratamiento psiquiátrico pautado en prisión, una circunstancia que podría influir en el juicio oral programado para el próximo mes de junio.
