El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha emitido un comunicado en respuesta al reciente informe de la Guardia Civil sobre el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz. Según Adif, la caída de tensión detectada en la vía 22 horas antes del suceso, que pasó de 2,2 a 1,5 voltios, no indicaba necesariamente una rotura de carril. La entidad subraya que el umbral para activar una alerta por ocupación de circuito de vía es de un voltio, una cifra superior a la registrada en este caso.
Fuentes de Adif han aclarado que los circuitos de vía están diseñados principalmente para determinar la posición de los trenes y evitar colisiones, no para detectar fracturas en los raíles. Esta distinción técnica es crucial para entender las limitaciones de los sistemas de detección actuales y la interpretación de los datos previos al accidente.
Los circuitos de vía no son un sistema para determinar la rotura de un carril, sino un sistema exclusivo para determinar el posicionamiento de un tren.
En contraste, el informe de la Guardia Civil, presentado al Juzgado de Instrucción de Montoro (Córdoba), confirma la rotura de la vía 22 horas antes del descarrilamiento del tren Iryo y su posterior colisión con el Alvia. Esta conclusión policial sitúa la rotura del raíl o soldadura como la principal línea de investigación, descartando sabotajes, terrorismo o negligencia de los maquinistas.
El informe de la Benemérita también señala irregularidades en la ejecución de las soldaduras, mencionando una posible mala praxis o el uso inadecuado de kits de soldadura. Se advierte que, según la normativa de Adif, se debería haber aplicado la soldadura de fuerza R260 en la unión de cupones usados con nuevos, pero se utilizó un kit erróneo, el '350HT'. Una corrección de errores firmada por un inspector de soldaduras con fecha de 29 de enero de 2026 intenta justificar esta discrepancia, aunque ha generado sospechas entre los investigadores.
Además, se ha detectado que no había inspectores de soldaduras presentes durante la ejecución de los trabajos, una circunstancia que, de confirmarse, representaría una grave irregularidad en los protocolos de seguridad. La CIAF también ha advertido sobre incongruencias en la documentación, como la validez de las firmas y el control de versiones de los documentos aportados.
Por otro lado, la jueza de Montoro ha denegado a las partes personadas el acceso a los restos del tren Alvia hasta que se designen los peritos judiciales independientes. También ha rechazado la solicitud de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) para acceder a los vagones, argumentando que ya se dispone de un reportaje fotográfico de la inspección ocular y que no es de interés para la instrucción.
